29.03.2010 · Alesia Martínez

Carlos, más conocido por sus amigos como “Chico Garay”, ya no llegó a cumplir los 19. Según dicen, le apasionaba el futbol aunque después de sus clases de Hostelería y Turismo en el Instituto Nacional General Francisco Menéndez (INFRAMEN), solía ir a ayudar a su madre en la venta de atol y tamales de elote en una de las colonias situadas al norte de San Salvador. Aquella tarde no llegó. En una secuencia de imágenes se observa cómo fue interceptado por “el Jhonny”, un menor estudiante de otro instituto rival, el Técnico Industrial (o INTI), quien terminó apuñalándole en plena vía pública antes de terminar ondeando la camiseta ensangrentada de su víctima. Éste fue el “preciado trofeo” que costó una vida. Ni dinero, ni cuentas pendientes, el error de Carlos, al parecer, fue no quitarse su uniforme ese día.

Su muerte se producía al mismo tiempo que se debatía en el Congreso la Reforma de la Ley Penal Juvenil (LPJ). Aunque en aquel momento no se superó el veto presidencial para darle vía libre, la presión de una opinión pública consternada ante la visión de las fotografías, publicadas en los principales medios de comunicación nacionales, ha influido en que, en una nueva discusión, algunos diputados cambiaran su opinión y se terminaran aprobando, hace pocos días, los cambios propuestos para el artículo 15 de la citada ley. De este modo, si hasta ahora los jóvenes infractores tenían una pena máxima de 7 años, en el futuro podrán estar recluidos hasta 15, en casos de delitos graves como el secuestro, el homicidio o la violación infantil.

Ello ocurre en El Salvador, donde diariamente mueren como media entre 12 y 14 personas. Alrededor del 20% de estos crímenes son atribuidos a menores de edad vinculados a pandillas, así como a estructuras del crimen organizado y del narcotráfico. La sensación de inseguridad es especialmente elevada en las poblaciones del área metropolitana aledañas a la capital, para cuyos habitantes la delincuencia y la violencia son, según distintas encuestas realizadas, uno de los principales problemas que afectan al país. Ni el Plan “Super Mano Dura”, implementado durante el gobierno de Saca en el 2004, ni el “Mano blanda”, creado para contrarrestar al primero, parecen haber aportado soluciones exitosas a esta cuestión. A un año de que Mauricio Funes alcanzara el poder, los índices siguen arrojando datos preocupantes en cuanto a la seguridad ciudadana.

Voces críticas

A pesar de haber logrado 75 votos a favor de todas las facciones políticas, la actual Reforma sigue sin ser del agrado de todos y algunas voces críticas han empezado a advertir sobre posibles consecuencias. “Se trata de una decisión apresurada, que únicamente agudizará la precaria situación de los centros de reinserción social”, afirma Óscar Luna, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador. “Es cierto –añade- que las tasas de criminalidad son elevadas pero ello requiere de respuestas eficaces e integrales que atiendan no sólo los efectos, sino también las causas. Y en este sentido hay que tener en cuenta que la respuesta al delito de la persona adolescente no sólo debe tener un componente enfocado al castigo”.

Al igual que él, algunos miembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Instituto salvadoreño para el desarrollo de la niñez y la adolescencia (Isna), se han pronunciado en contra. Según Rafael Ribas, coordinador interino de la Unidad de Justicia Penal Juvenil, el aumento de las penas no va a resolver la alta criminalización en el país, más bien va a contribuir a su empeoramiento. “La medida va en contra – afirma- de lo que establece la legislación vigente, al hacer prevalecer las estrategias punitivas en lugar de potenciar otras que fomenten la debida reinserción del menor”.

Este discurso va en consonancia con lo que se discutió en el Primer Foro regional de Justicia Penal Juvenil, celebrado en 2008, donde se concluyó que el Estado debería más bien apostar por el diseño de programas sociales que fomenten la prevención, la rehabilitación, la reinserción e inserción, en contraposición con la dinámica de los últimos años, donde la implementación de políticas y prácticas represivas resultó ser claramente contraproducente. Se trata éste, de un llamamiento para una Justicia de Reparación que, sin embargo, es difícil de entender para una parte importante de la ciudadanía que recama soluciones inmediatas para atajar una situación desesperada.

Diversos estudios han demostrado que, efectivamente, la privación de libertad no es un método efectivo para la reducción de los índices de delincuencia, pero el clima de violencia cotidiana y el alto grado de impunidad existente en la sociedad salvadoreña, ralentiza sobremanera la aplicación exitosa de medidas que contribuyan a aumentar la paz y la seguridad en el territorio. Como un pez que se muerde la cola, los problemas estructurales acrecentados tras 12 años de guerra, unidos a las debilidades históricas del estado salvadoreño y la ineficacia de su sistema de justicia, hacen que los expertos no prevean un panorama demasiado halagüeño en el corto o el mediano plazo.

Mientras el presidente Funes inicia el proceso de revisión y consulta del Decreto de Reforma de la Ley Penal Juvenil (LPJ), “el Jhonny”, después de que el pasado 11 de marzo matara a “Chico Garay”, espera hacinado en uno de los diversos centros de menores que hay en el país el juicio que establezca de cuántos años será su condena.

Familiares y víctimas sobrevivientes de la violencia sexual durante la guerra rompen su silencio y empiezan a reclamar justicia (A. M.)

Me tuvieron secuestrada siete días. Desde la primera noche empezó la tortura, el interrogatorio. Primero me agarraron los soldados, me pusieron boca abajo en el piso, me sostuvieron las piernas abiertas, los brazos y una bota sobre mi cabeza. Luego, imagino que fue el oficial el que me violó primero. Yo era una niña y no entendía muchas de las cosas que estaban sucediendo.

Treinta y cinco años después de que ocurrieran estos hechos, Sandra García ha decidido romper con su silencio. Procedente de una de las regiones más devastadas por la guerra en Guatemala, Ixcán, ella es el único testimonio que ha hecho público su nombre, de entre los 8 presentados en el país ante el Primer Tribunal de Conciencia contra la Violencia Sexual ocurrida durante el Conflicto Armado Interno.

En este evento histórico un mar de voces femeninas se adueña de la gran sala donde, cubierta por una tela que protege su identidad, cada mujer, una tras otra, relata de manera anónima lo sucedido. En achí, en kakchikel, en q´eqchí, en español. No se ven sus rostros, no se saben sus nombres, pero su dolor debería poder traspasar cualquier barrera, conmover cualquier conciencia.

“El Ejército llegó a mi casa, eran varios hombres y me violaron. Me dejaron embarazada y ahora mi hijo pregunta por su padre, quiere saber quien es, pero yo no sé qué responderle. Me siento con miedo, avergonzada por lo que me ha pasado, no solo en aquel tiempo, todavía ahorita, aunque sé que no fui yo la única y que no es culpa de los pueblos, si no del Gobierno, que fue quien permitió que esto pasara.” Le sigue otra voz más aguda, a ratos entrecortada por las lágrimas.

“Llegaron los militares y me dijeron que me iban a violar. Por miedo yo grité, pero nadie me escuchó. Mi esposo estaba trabajando y yo estaba sola con mi hijito. Me pegaron hasta tirarme al suelo. Primero me violó uno, después el otro, entre ellos reían y me dejaron sangrando cuando yo apenas tenía un mes de haber dado a luz. Me quedé callada, con todo ese dolor. Tenía mucho miedo pero no pude decir nada, ni siquiera a mi marido, porque amenazaron con matar a toda mi familia si lo hacía.”

Hoy, sin embargo, lejos de enmudecer, otras mujeres como ellas, víctimas y supervivientes a una vez, siguieron hablando durante horas, denunciando, reclamando. No quieren perder su oportunidad, por primera vez en décadas parece que alguien las está escuchando.

Pasado latente

Entre 1960 y 1996, tiempo que duró el conflicto bélico en Guatemala, se estima que más de 5000 mujeres fueron abusadas sexualmente, el 80% de las cuales eran indígenas, originarias principalmente de Quiché, Huehuetenango y Las Verapaces, los departamentos donde se registró un mayor número de masacres y operaciones de tierra arrasada. Siguiendo con las estadísticas, el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, “Memoria del Silencio”, indica que, si bien también se dieron algunos casos en la guerrilla, en un 89% fue el Ejército, apoyado por el Estado, el principal ente responsable de estos delitos.

Sandino Asturias, Director del Centro de Estudios de Guatemala (CEG) y Perito en Estrategia Militar, explica que estos actos formaron parte de una política de contrainsurgencia integrada nacida de la Guerra Fría, donde la lucha anticomunista y el desarrollo de la doctrina de “Seguridad Nacional” fueron los elementos protagonistas de un proceso en el que, escudándose tras la supuesta existencia de un “enemigo interno al que había que combatir”, el Gobierno guatemalteco, la oligarquía, el Ejército y los Estados Unidos de América aprobaron, planificaron e implementaron en el país, de manera sistemática y premeditada, estrategias de terror para la consecución de sus fines, entre ellas, la agresión sexual.

En un contexto de pugna por el poder y de dominación del otro, añade, la violación fue utilizada como arma de guerra que afectó específicamente a las mujeres y cuyo objetivo fue exterminar cualquier tipo de resistencia, voluntad de transformación u otra forma de oposición protagonizada por las comunidades indígenas mayas en contra del régimen establecido.

Los expertos en temas psicosociales y los distintos estudios e intervenciones realizados con mujeres sobrevivientes, coinciden con esta idea al evidenciar que la violencia sexual revistió múltiples formas, desde la desnudez obligada a la esclavitud sexual, y fue, junto con la desaparición forzada, uno de los métodos de tortura más desestructurantes para las víctimas y su entorno, debido a las graves secuelas físicas y psicológicas que se derivan de ella. Enfermedades de transmisión sexual, esterilidad y otras lesiones, embarazos no deseados, sentimientos permanentes de culpa, miedo, frustración y vergüenza, la estigmatización social.

“El fin último de estas acciones – comenta Jeannette Asencio, especialista en relaciones de género – fue paralizar a la población para destruir a un grupo, pues torturando el cuerpo de las mujeres, también se torturaba el cuerpo social, se atacaba a la identidad, a la cultura y a la sociedad de la que éstas formaban parte”.

La violación sexual, junto con la desaparición forzada, fue una de las armas de guerra más desestructurantes para la mujer y su entorno (A. M.)