Flores de Izote: Las voces mudas
Rompiendo el silencio II
Artículo publicado originalmente en Periodismo Humano
Un momento de la exhumación de Timotea (A.M.)
Timotea, cuentan los mayores, murió de susto. Aquel marzo de 1982 el Ejército había llegado a su casa, situada en un remota aldea del departamento de Baja Verapaz, en Guatemala. Colgada de una viga, los militares la torturaron y abusaron de ella, con la intención de sonsacarle dónde se había escondido su marido. Don Cruz todavía conserva nítido el recuerdo de aquel día en plena guerra, cuando su esposa le explicó en achí que le había sucedido algo terrible mientras él estaba fuera. Aunque la dejaron libre, el trauma por lo ocurrido y el miedo a que los hechos se repitieran, terminaron con su vida en 15 días. Se trata de una de las más de 250.000 personas fallecidas que dejó como saldo el conflicto armado interno en Guatemala y una de las más de 5000 mujeres que fueron víctimas de la violencia de género durante la guerra.
El fuerte machismo presente en la sociedad guatemalteca fue un elemento central de la represión durante ese periodo, llegando a límites extremos entre 1979 y 1983, época en la que en este país se cometieron el mayor número de violaciones de derechos humanos. La violación sexual, como método de tortura dirigido específicamente hacia la mujer, fue utilizado en contextos de detenciones para la consecución de información, así como previamente a las masacres y a las operaciones de tierra arrasada.
Rabinal, lugar donde queda ubicada la aldea Canchún, fue una de las regiones más golpeadas, existiendo diferencias de perfil entre el ámbito urbano, donde las violaciones se perpetraron más selectivamente, y el rural, donde éstas adquirieron un carácter rutinario y masivo en contra de la comunidad indígena maya. Algunas de las víctimas sobrevivieron, en cambio otras voces, como la de Timotea, callaron para siempre. Testigo mudo de un pasado todavía presente, hasta hace pocos días sus restos todavía reposaban bajo un árbol de flor de Izote plantado 28 años atrás como señal.
“¿Porqué quiere usted que se realice esta exhumación?” Tras un segundo de reflexión Don Cruz responde pausadamente: “Porque aunque yo rehice mi vida y me volví a casar, quisiera que ella fuera enterrada dignamente, morir sabiendo que su cuerpo por fin estará junto con el de sus familiares”. Horas más tarde la excavación dejaba a la vista el esqueleto polvoriento y silencioso de una mujer. Uno a uno, sus huesos fueron identificados, contados y trasladados a bolsas especiales, preparados para ser transportados a los laboratorios que la Fundación de Antropología Forense tiene en la capital, donde serán sometidos a las pruebas de ADN.
Es éste el previo paso al cierre de un proceso particular de duelo enmarcado dentro de una necesidad general en Guatemala que demanda lograr la reconciliación nacional a través la recuperación de la memoria histórica y la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno en este país.
Justicia versus Impunidad
Un niño observa la exhumación de Timotea (A.M)
La violencia sexual, especialmente en tiempos de guerra, es un mecanismo de control y de dominio, una manifestación de poder y de agresión que busca humillar, degradar y someter a las víctimas. A día de hoy, no se cuestiona la veracidad de estos hechos ni la atribución de su autoría. Sin embargo, 14 años después de que se firmaran los Acuerdos de Paz en Guatemala, ninguno de estos delitos ha sido todavía procesado ni condenado penalmente, pese a que el Derecho Internacional establece que por mucho tiempo que haya pasado desde que fueran acometidos, los crímenes de lesa humanidad no prescriben.
“La total impunidad existente es una prueba más que demuestra el grado de implicación que tuvo el Estado guatemalteco en estos hechos, reforzando la idea de que la mayor parte de las violaciones no fueron perpetradas por casualidad, si no que formaron parte de una política institucional de terror premeditada”, afirma una de las fiscales de este Tribunal de Conciencia, la abogada Juana Balmaceda Ripero.
Gran parte de estas mujeres, y de sus familiares, siguen con vida y, a través de las organizaciones de derechos humanos, han empezado a exigir justicia. El resarcimiento económico y moral por lo sucedido, afirman, es imprescindible en el proceso de dignificación de las víctimas. Solo así podrá haber una verdadera reconciliación nacional. Pasado, presente y futuro forman parte de un continuo donde el actual clima de impunidad contribuye a perpetuar la violencia contra la mujer, violencia que sigue siendo patente en la perpetuación de las mismas dinámicas hoy en día, especialmente durante los desalojos de tierras en las comunidades campesinas. Ello ocurre en el seno de una sociedad tradicionalmente patriarcal donde las relaciones de género han estado – y lo siguen estando – profundamente desequilibradas.
Según el informe “Femicidio y Violencia contra la Mujer”, publicado recientemente por la Procuradoría de Derechos Humanos (PDH), “se puede afirmar que el Estado de Guatemala tiene una génesis estructural misógina que no permite avanzar y afrontar el femicidio bajo las obligaciones adquiridas en la Constitución Política, los compromisos asumidos en las Convenciones y Tratados en materia de derechos humanos de las mujeres”.
A nivel internacional Guatemala es el estado sin guerra considerado como más violento. Un promedio de dos féminas mueren asesinadas diariamente y se estima que unas 600 son violadas cada año. Entre 2004 y 2009 se interpusieron casi 8000 denuncias por agresión sexual y murieron de forma violenta unas 4000 mujeres, hechos que en un 98% de los casos continúan libres de toda pena.
Lejos de disminuir, las cifras dibujan una espiral ascendente de violencia, habiendo sido el pasado año el más sangriento de la última década. Sucede en 2010, cuando las autoridades guatemaltecas celebran el décimo aniversario de la resolución 1325 de Naciones Unidas sobre mujer, paz y seguridad y se ha declarado en el país “el año contra la impunidad”. Escudado tras una máscara de olvido y silencio, el Gobierno sigue eludiedo sus responsabilidades y opta por darle la espalda a la Historia, intentando no ver las conexiones presentes ni recordar la cara oscura de su propio pasado.
Los ricos quieren que los pobres paguen más
Alesia Martínez/ Publicado originalmente en Periodismo Humano
Imaginemos que Carmen tiene 5 hijos. Que trabaja en una zapatería a jornada completa y gana al día 56 quetzales, que son unos 1700 al mes, es decir, alrededor de 170 euros: el salario mínimo en Guatemala. Imaginemos que con eso tiene que comprar los huevos, el azúcar, tomates, patatas, pollo, tortillas de maíz, agua pura, aceite, frijol, cebollas, arroz y todo lo demás que necesite para comer y dar de comer durante 30 días. Sin caprichos, lo básico. Aparte pagar el alquiler, la luz, el gas, los útiles escolares de los niños (o “chirizos” como diría ella), jabón para lavar, pasta de dientes, papel higiénico… y eso, por supuesto, sin que nadie se enferme y haya que ir a un médico o surja algún que otro gasto imprevisto de los que, sin saber cómo, siempre aparecen.
Son muchas cosas, pero todas forman parte de lo que los expertos llaman “canasta básica vital”, refiriéndose al conjunto de productos (alimenticios, de higiene, salud, etc.) imprescindibles para cubrir las necesidades mínimas. Según lo estipulado, Carmen actualmente requeriría como mínimo de 355 euros mensuales para salir adelante junto con su familia, casi el doble de lo que ella cobra. Todo lo que compra está gravado además por un 12 % de impuesto al valor agregado, el archiconocido IVA. Conclusión: O recibe ayuda o, sola, no puede.
Según Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) el 70% del sistema impositivo guatemalteco se va en impuestos indirectos, lo que supone un fuerte impacto especialmente para los hogares más pobres que, como en el caso de Carmen, destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo. Y aún así la carga tributaria nacional, que es del 10.3%, resulta ser la mitad del promedio latinoamericano y un 40% menor que la del resto de países de la región.
“Para ver índices como los de aquí – afirma el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno – hay que irse hasta el África Subsahariana, donde encontraremos a los mismos condenados a muerte por insuficiencia alimentaria.” En Guatemala, donde el 53% de la población vive en la pobreza, uno de cada dos niños menores de cinco años sufre de desnutrición crónica, y uno de cada cinco de desnutrición severa. Una parte de ese problema es debido al fracaso de un sistema tributario cuyo carácter “regresivo” no hace sino agudizar las desigualdades estructurales que históricamente persiguen a esta sociedad.
Durante su exposición en el Foro “El financiamiento del desarrollo lo exige: es hora de la reforma fiscal”, Moreno insistió: “Superar el reto fiscal es necesario para dar respuesta a muchos de los desafíos y problemas que afectan a la nación. Ya no podemos esperar más, es este el momento de la Reforma Fiscal y ello tiene que pasar por el cambio hacia una tributación más directa”. Una afirmación, por cierto, con la que no parecen estar muy de acuerdo los grandes empresarios del país.
Porqué unos dicen “SÍ” y otros “NO”
Tres son las características que para Jorge Santos, Coordinador General del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), definen el sistema tributario guatemalteco: su bajo nivel de recaudación, su carácter deficitario y una orientación marcadamente injusta. “Ha sido demostrado –manifiesta- que la población rica guatemalteca, que supone un 10% del total, paga menos impuestos proporcionalmente que aquellas personas con menos ingresos que se ven obligadas a consumir todo su salario en la compra de bienes básicos”.
Desde que se firmaran los Acuerdos de Paz en el 96 ha habido diversos intentos de revertir esta situación reformando una estructura tributaria basada en los impuestos indirectos que, como el IVA, suponen el 50% de los ingresos que van a parar a las arcas del Estado. Ni el pacto fiscal instaurado en el año 2000, ni la propuesta que fue planteada durante el gobierno de Óscar Berger, dieron los resultados esperados. Diez años después, y tras otras dos iniciativas fallidas planteadas por el actual Gobierno, la oligarquía económica y el Estado todavía no han sido capaces de llegar a un acuerdo que beneficie a los más desfavorecidos.
Guatemala es el país con menores tasas de inversión social y en derechos humanos de todo el continente. “En el último bienio – añade Santos- ha habido una constante disminución de lo que se conoce como gasto social y seguridad, lo que provoca un deterioro de las condiciones de vida de una buena parte de la población”. Hoy por hoy, cuando parece que la crisis se va disipando y hay signos incipientes de recuperación en toda la región, las cartas están de nuevo sobre la mesa. Sin embargo en el diálogo que se está dando a nivel nacional para la reactivación económica y el aumento de la eficacia fiscal solo dos actores son los protagonistas, el ejecutivo y el sector empresarial, lo que hace que las organizaciones de la sociedad civil se quejen por la falta de democratización existente en uno de los temas estructurales más importantes en relación al desarrollo.
En este tira y afloja, la élite económica se divide entre los que aseguran que “no es el momento” y los que plantean entre sus siete propuestas como solución el aumento del IVA de un 12 a un 13%. El Presidente Álvaro Colom, por su parte, anunció que en las próximas dos semanas la propuesta de Reforma Fiscal será presentada al Legislativo. Ésta, en palabras del Ministro de Finanzas Públicas, Juan Alberto Knight, debe ser integral, y tener en cuenta dos ingredientes principales: por un lado, la toma de medidas que ayuden a combatir el alto grado de evasión fiscal y el contrabando, trabajando contra la corrupción y a favor de una mayor transparencia de manera simultánea; por otro la reforma del impuesto sobre la renta. “Es una vergüenza nacional e internacional – admite- el contar con una carga tributaria y un Estado tan débil”.
Tal como establece la constitución, los Acuerdos de Paz y los Pactos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, todo Gobierno tiene la obligación de atender derechos básicos como el derecho a la salud, a la seguridad y a la educación por lo que, agrega Knight “el Estado no puede limitarse a defender únicamente el derecho a la propiedad privada”.
En un momento en el la mayor parte de naciones del área centroamericana han concretado una reforma fiscal, únicamente Guatemala y Costa Rica quedan pendientes. Para que el nuevo esquema pueda ser efectivo hay que empezar comprendiendo que subyugar todavía más a los pobres, que son mayoría, no hace si no hipotecar el futuro de todo el país. Porque como dicen los entendidos, esta bien demostrado que sin un sistema de tributación fuerte no hay lugar para el desarrollo ni para el crecimiento económico.