29.03.2010 · Alesia Martínez

Carlos, más conocido por sus amigos como “Chico Garay”, ya no llegó a cumplir los 19. Según dicen, le apasionaba el futbol aunque después de sus clases de Hostelería y Turismo en el Instituto Nacional General Francisco Menéndez (INFRAMEN), solía ir a ayudar a su madre en la venta de atol y tamales de elote en una de las colonias situadas al norte de San Salvador. Aquella tarde no llegó. En una secuencia de imágenes se observa cómo fue interceptado por “el Jhonny”, un menor estudiante de otro instituto rival, el Técnico Industrial (o INTI), quien terminó apuñalándole en plena vía pública antes de terminar ondeando la camiseta ensangrentada de su víctima. Éste fue el “preciado trofeo” que costó una vida. Ni dinero, ni cuentas pendientes, el error de Carlos, al parecer, fue no quitarse su uniforme ese día.

Su muerte se producía al mismo tiempo que se debatía en el Congreso la Reforma de la Ley Penal Juvenil (LPJ). Aunque en aquel momento no se superó el veto presidencial para darle vía libre, la presión de una opinión pública consternada ante la visión de las fotografías, publicadas en los principales medios de comunicación nacionales, ha influido en que, en una nueva discusión, algunos diputados cambiaran su opinión y se terminaran aprobando, hace pocos días, los cambios propuestos para el artículo 15 de la citada ley. De este modo, si hasta ahora los jóvenes infractores tenían una pena máxima de 7 años, en el futuro podrán estar recluidos hasta 15, en casos de delitos graves como el secuestro, el homicidio o la violación infantil.

Ello ocurre en El Salvador, donde diariamente mueren como media entre 12 y 14 personas. Alrededor del 20% de estos crímenes son atribuidos a menores de edad vinculados a pandillas, así como a estructuras del crimen organizado y del narcotráfico. La sensación de inseguridad es especialmente elevada en las poblaciones del área metropolitana aledañas a la capital, para cuyos habitantes la delincuencia y la violencia son, según distintas encuestas realizadas, uno de los principales problemas que afectan al país. Ni el Plan “Super Mano Dura”, implementado durante el gobierno de Saca en el 2004, ni el “Mano blanda”, creado para contrarrestar al primero, parecen haber aportado soluciones exitosas a esta cuestión. A un año de que Mauricio Funes alcanzara el poder, los índices siguen arrojando datos preocupantes en cuanto a la seguridad ciudadana.

Voces críticas

A pesar de haber logrado 75 votos a favor de todas las facciones políticas, la actual Reforma sigue sin ser del agrado de todos y algunas voces críticas han empezado a advertir sobre posibles consecuencias. “Se trata de una decisión apresurada, que únicamente agudizará la precaria situación de los centros de reinserción social”, afirma Óscar Luna, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador. “Es cierto –añade- que las tasas de criminalidad son elevadas pero ello requiere de respuestas eficaces e integrales que atiendan no sólo los efectos, sino también las causas. Y en este sentido hay que tener en cuenta que la respuesta al delito de la persona adolescente no sólo debe tener un componente enfocado al castigo”.

Al igual que él, algunos miembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Instituto salvadoreño para el desarrollo de la niñez y la adolescencia (Isna), se han pronunciado en contra. Según Rafael Ribas, coordinador interino de la Unidad de Justicia Penal Juvenil, el aumento de las penas no va a resolver la alta criminalización en el país, más bien va a contribuir a su empeoramiento. “La medida va en contra – afirma- de lo que establece la legislación vigente, al hacer prevalecer las estrategias punitivas en lugar de potenciar otras que fomenten la debida reinserción del menor”.

Este discurso va en consonancia con lo que se discutió en el Primer Foro regional de Justicia Penal Juvenil, celebrado en 2008, donde se concluyó que el Estado debería más bien apostar por el diseño de programas sociales que fomenten la prevención, la rehabilitación, la reinserción e inserción, en contraposición con la dinámica de los últimos años, donde la implementación de políticas y prácticas represivas resultó ser claramente contraproducente. Se trata éste, de un llamamiento para una Justicia de Reparación que, sin embargo, es difícil de entender para una parte importante de la ciudadanía que recama soluciones inmediatas para atajar una situación desesperada.

Diversos estudios han demostrado que, efectivamente, la privación de libertad no es un método efectivo para la reducción de los índices de delincuencia, pero el clima de violencia cotidiana y el alto grado de impunidad existente en la sociedad salvadoreña, ralentiza sobremanera la aplicación exitosa de medidas que contribuyan a aumentar la paz y la seguridad en el territorio. Como un pez que se muerde la cola, los problemas estructurales acrecentados tras 12 años de guerra, unidos a las debilidades históricas del estado salvadoreño y la ineficacia de su sistema de justicia, hacen que los expertos no prevean un panorama demasiado halagüeño en el corto o el mediano plazo.

Mientras el presidente Funes inicia el proceso de revisión y consulta del Decreto de Reforma de la Ley Penal Juvenil (LPJ), “el Jhonny”, después de que el pasado 11 de marzo matara a “Chico Garay”, espera hacinado en uno de los diversos centros de menores que hay en el país el juicio que establezca de cuántos años será su condena.