Los ricos quieren que los pobres paguen más

Alesia Martínez/ Publicado originalmente en Periodismo Humano

Imaginemos que Carmen tiene 5 hijos. Que trabaja en una zapatería a jornada completa y gana al día 56 quetzales, que son unos 1700 al mes, es decir, alrededor de 170 euros: el salario mínimo en Guatemala. Imaginemos que con eso tiene que comprar los huevos, el azúcar, tomates, patatas, pollo, tortillas de maíz, agua pura, aceite, frijol, cebollas, arroz y todo lo demás que necesite para comer y dar de comer durante 30 días. Sin caprichos, lo básico. Aparte pagar el alquiler, la luz, el gas, los útiles escolares de los niños (o “chirizos” como diría ella), jabón para lavar, pasta de dientes, papel higiénico… y eso, por supuesto, sin que nadie se enferme y haya que ir a un médico o surja algún que otro gasto imprevisto de los que, sin saber cómo, siempre aparecen.

Son muchas cosas, pero todas forman parte de lo que los expertos llaman “canasta básica vital”, refiriéndose al conjunto de productos (alimenticios, de higiene, salud, etc.) imprescindibles para cubrir las necesidades mínimas. Según lo estipulado, Carmen actualmente requeriría como mínimo de 355 euros mensuales para salir adelante junto con su familia, casi el doble de lo que ella cobra. Todo lo que compra está gravado además por un 12 % de impuesto al valor agregado, el archiconocido IVA.  Conclusión: O recibe ayuda o, sola, no puede.

Según Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) el 70% del sistema impositivo guatemalteco se va en impuestos indirectos, lo que supone un fuerte impacto especialmente para los hogares más pobres que, como en el caso de Carmen,  destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo. Y aún así la carga tributaria nacional, que es del 10.3%, resulta ser la mitad del promedio latinoamericano y un 40% menor que la del resto de países de la región.

“Para ver índices como los de aquí – afirma el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno – hay que irse hasta el África Subsahariana, donde encontraremos a los mismos condenados a muerte por insuficiencia alimentaria.” En Guatemala, donde el 53% de la población vive en la pobreza, uno de cada dos niños menores de cinco años sufre de desnutrición crónica, y uno de cada cinco de desnutrición severa. Una parte de ese problema es debido al fracaso de un sistema tributario cuyo carácter “regresivo” no hace sino agudizar las desigualdades estructurales que históricamente persiguen a esta sociedad.

Durante su exposición en el Foro “El financiamiento del desarrollo lo exige: es hora de la reforma fiscal”, Moreno insistió: “Superar el reto fiscal es necesario para dar respuesta a muchos de los desafíos y problemas que afectan a la nación. Ya no podemos esperar más, es este el momento de la Reforma Fiscal y ello tiene que pasar por el cambio hacia una tributación más directa”.  Una afirmación, por cierto, con la que no parecen estar muy de acuerdo los grandes empresarios del país.

Porqué  unos dicen “SÍ” y otros “NO”

Tres son las características que para Jorge Santos, Coordinador General del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), definen el sistema tributario guatemalteco: su bajo nivel de recaudación, su carácter deficitario y una orientación marcadamente injusta. “Ha sido demostrado –manifiesta- que la población rica guatemalteca, que supone un 10% del total, paga menos impuestos proporcionalmente que aquellas personas con menos ingresos que se ven obligadas a consumir todo su salario en la compra de bienes básicos”.

Desde que se firmaran los Acuerdos de Paz en el 96 ha habido diversos intentos de revertir esta situación reformando una estructura tributaria basada en los impuestos indirectos que, como el IVA, suponen el 50% de los ingresos que van a parar a las arcas del Estado. Ni el pacto fiscal instaurado en el año 2000, ni la propuesta que fue planteada durante el gobierno de Óscar Berger, dieron los resultados esperados. Diez años después, y tras otras dos iniciativas fallidas planteadas por el actual Gobierno, la oligarquía económica y el Estado todavía no han sido capaces de llegar a un acuerdo que  beneficie a los más desfavorecidos.

Guatemala es el país con menores tasas de inversión social y en derechos humanos de todo el continente. “En el último bienio – añade Santos- ha habido una constante disminución de lo que se conoce como gasto social y seguridad, lo que provoca un deterioro de las condiciones de vida de una buena parte de la población”. Hoy por hoy, cuando parece que la crisis se va disipando y hay signos incipientes de recuperación en toda la región, las cartas están de nuevo sobre la mesa. Sin embargo en el diálogo que se está dando a nivel nacional para la reactivación económica y el aumento de la eficacia fiscal solo dos actores son los protagonistas, el ejecutivo y el sector empresarial, lo que hace que las organizaciones de la sociedad civil se quejen por la falta de democratización existente en uno de los temas estructurales más importantes en relación al desarrollo.

En este tira y afloja, la élite económica se divide entre los que aseguran que “no es el momento” y los que plantean entre sus siete propuestas como solución el aumento del IVA de un 12 a un 13%. El Presidente Álvaro Colom, por su parte, anunció que en las próximas dos semanas la propuesta de Reforma Fiscal será presentada al Legislativo. Ésta, en palabras del Ministro de Finanzas Públicas, Juan Alberto Knight, debe ser integral, y tener en cuenta dos ingredientes principales: por un lado, la toma de medidas que ayuden a combatir el alto grado de evasión fiscal y el contrabando, trabajando contra la corrupción y a favor de una mayor transparencia de manera simultánea; por otro la reforma del impuesto sobre la renta. “Es una vergüenza nacional e internacional – admite- el contar con una carga tributaria y un Estado tan débil”.

Tal como establece la constitución, los Acuerdos de Paz y los Pactos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, todo Gobierno tiene la obligación de atender derechos básicos como el derecho a la salud, a la seguridad y a la educación por lo que, agrega Knight “el Estado no puede limitarse a defender únicamente el derecho a la propiedad privada”.

En un momento en el la mayor parte de naciones del área centroamericana han concretado una reforma fiscal, únicamente Guatemala y Costa Rica quedan pendientes. Para que el nuevo esquema pueda ser efectivo hay que empezar comprendiendo que subyugar todavía más a los pobres, que son mayoría, no hace si no hipotecar el futuro de todo el país. Porque como dicen los entendidos, esta bien demostrado que sin un sistema de tributación fuerte no hay lugar para el desarrollo ni para el crecimiento económico.